Las trabajadoras que atienden a estudiantes con necesidades especiales se manifiestan en Algeciras

El Personal Técnico de Integración Social (PTIs), conocido popularmente como las “monitoras de Educación Especial”, y los intérpretes de lenguas de signos llevan desde el pasado 21 de noviembre reclamando a la Junta de Andalucía una mejora de sus condiciones laborales. Se trata de las trabajadoras, porque en su inmensa mayoría son mujeres, que asisten en colegios e institutos al alumnado con necesidades educativas especiales, complementando la labor que realiza el profesorado especializado.

Un grupo de un centenar de personas, la mayoría trabajadoras afectadas pero también docentes, alumnado y padres, se ha manifestado este viernes en Algeciras frente a la sede de la Subdelegación de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar. El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, ha asistido también a esta protesta, junto a Mónica Córdoba, teniente de alcalde de Educación, y otras ediles del Equipo de Gobierno.

Explico Ruiz Boix que estas concentraciones se están produciendo en toda Andalucía ante la “falta de diálogo y de sensibilidad” por parte del Gobierno de la Junta, que tras diez días de huelga se niega a abrir una mesa de negociación con los representantes sindicales. Destacó que sus reivindicaciones “vienen recogidas en las distintas leyes” de la propia Administración Andaluza, pero tanto las empresas adjudicatarias de este servicio como la misma Junta “las incumplen”.

Indicó el primer edil sanroqueño que “se les contrata por horas lectivas y no por jornada completa”, además de que el número de PTIs es inferior “al necesario para prestar el servicio que se merece este alumnado con necesidades educativas especiales”. Además, dijo que “han tenido que esperar casi 90 días” para cobrar la primera nómina del presente curso, la de los meses de septiembre y octubre.

Ante esta situación, el alcalde reclamó al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que cese a la subdelegada Eva Pajares y a la consejera de Educación, Patricia del Pozo, por no haber sabido dar la respuesta que se merecen “unos trabajadores que son básicos e imprescindibles” en la educación pública andaluza. Para Ruiz Boix, es necesario que la Junta negocie con los representantes de este personal “porque los diez días de huelga no se pueden incrementar más” ante las necesidades de atención de este alumnado.

Víctor Pulido, representante de Comisiones Obreras, destacó que este personal “lleva veinte años de precariedad laboral y abandono”, ya que la Junta de Andalucía “no obliga a las empresas a que cumplan con el convenio”. Entre dichos incumplimientos enumeró que “nos niegan las vacaciones, pagan menos de lo que corresponde y tampoco pagan festivos ni fines de semana”.

En cambio, afirmó Pulido que las empresas adjudicatarias “se están forrando”, lo que hace necesario, dijo, que “la Junta de Andalucía blinde a este colectivo para que esto no ocurra más”.