Visita a las plantas altas de los juzgados de la Alameda, donde habrá 14 viviendas tuteladas para mayores

El alcalde y vicepresidente de la Diputación de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, realizó esta visita junto a la diputada provincial delegada de la gestión de los fondos Profea, María Isabel Moreno, y el primer teniente de alcalde y delegado de Urbanismo, Juan Manuel Ordóñez. El primer edil explicó que “éste es un lugar privilegiado para un contenido social que compartimos muchos sanroqueños y sanroqueñas, como es el de ampliar la red de viviendas tuteladas del municipio”.

“El primer proyecto -recordó- fue el de las 16 viviendas de la calle Málaga, y desde que se pusieron en marcha pensamos donde ubicar un segundo edificio. Creo que elegimos el mejor lugar. Se trata de las seis viviendas de los antiguos juzgados, donde se van a construir un total de 14 viviendas tuteladas para alojar un máximo de 20 personas, ya que unas serán para matrimonios y otras individuales”.

“Veinte personas mayores -dijo el alcalde- que podrán encontrar el alojamiento en un lugar ideal gracias al programa Profea, que cuenta con inversión del Gobierno de España y una participación muy importante de la Diputación de Cádiz, que es la que selecciona los proyectos. En concreto, este proyecto ha contado con más de 200.000 euros en los últimos dos años, con los cuales se han contratado más de 1.700 jornales. Han estado trabajando varias decenas de personas, ya que el 70% de la inversión ha ido a mano de obra y el resto a materiales”.

Añadió que “se ha ido avanzando en carpintería metálica, eliminación de barreras..., y sobre todo en la adecuación de lo que eran tres viviendas por planta a siete nuevas viviendas tuteladas en cada una, para contar con 20 nuevas plazas para mayores. Espero que el próximo año sea el de la tercera fase y el de la culminación de este proyecto, y creo que todos los sanroqueños comparten el contenido social que se le da a este edificio de propiedad municipal situado en un lugar ideal”, concluyó Ruiz Boix.

Por su parte, María Isabel Moreno comenzó dando la enhorabuena al Equipo de Gobierno municipal “por decidir que estos fondos se destinen a viviendas tuteladas. Como diputada responsable de los fondos Profea, tengo que decir que es uno de los proyectos más bonitos que he podido visitar en la provincia”.

Explicó que en etapas anteriores se solía destinar al Campo de Gibraltar uno de los proyectos de empleo estable, de manera que habitualmente sólo se beneficiaba a Jimena al ser el municipio con mayor carácter agrícola de la comarca. Sin embargo, el actual Equipo de Gobierno de la Diputación Provincial decidió destinar dos proyectos, uno de garantía de renta y otro de empleo estable, a cada uno de los municipios de la provincia, para distribuir mejor la generación de empleo y, sobre todo, la creación de riqueza, ya que más empresas locales se benefician de las compras de materiales y servicios.

“El Profea -apuntó la Diputada Provincial- no deja de tener calado social, no sólo para facilitar la cotización de trabajadores eventuales agrarios, sino que también favorece la contratación de peones y de oficiales. Es fruto de la coordinación de tres administraciones: el Gobierno Central, que pone el dinero destinado a mano de obra, y la Diputación y la Junta de Andalucía, que aportan la parte de materiales”, concluyó.

Las viviendas tuteladas han sido concebidas para personas mayores con un nivel de autonomía suficiente, pero con dificultades para mantenerse en su vivienda por grave deterioro de la misma o por problemas de convivencia, o que sean obligados a abandonarla, carezcan de vivienda propia o no dispongan de recursos económicos, familiares y sociales. Las de la calle Málaga comenzaron a funcionar en octubre de 2010.

Los requisitos para tener acceso a estas viviendas son: tener 60 años o más cumplidos; estar empadronado en San Roque con dos años de antigüedad, como mínimo; no padecer enfermedad infecto-contagiosa, ni alteraciones psíquicas que puedan repercutir de una manera negativa en la convivencia o que requieran vigilancia y cuidados continuados de una tercera persona, o con limitaciones severas en su nivel de autonomía personal.

También se cuentan entre los requisitos el no disponer de vivienda en propiedad, o que ésta se encuentre en un grave estado de deterioro, no reuniendo las condiciones mínimas de habitabilidad y no siendo posible su rehabilitación mediante otros recursos de carácter social. En los casos de personas que aún no teniendo vivienda en propiedad sí dispongan de familiares con los que estén conviviendo, y estos estén obligados legalmente a su cuidado y atención, según el Código Civil, se valorará la no prioridad del caso.

Además, se considera un requisito el tener un estado físico y psíquico que permita realizar las actividades de la vida diaria de forma independiente y no presentar riesgo inminente de invalidación; y tener una conducta social y unos hábitos personales y de higiene que faciliten una convivencia normalizada. Finalmente, cualquier situación no contemplada en los requisitos anteriores podrá ser estudiada y valorada por el Departamento Municipal de Asuntos Sociales, que elaborará propuesta de ingreso o no, siendo sometida ésta ante el órgano competente (Comisión Municipal de Asuntos Sociales).